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A mediados de octubre, el Estado venezolano fue sometido a una supervisión de cumplimento general de sus obligaciones materia de derechos civiles y políticos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo uno de los principales tópicos a discutir el avance, reconocimiento, respeto y garantía de los derechos humanos a las personas LGBTQIA+.
La actuación del Estado siguió la línea que ha sostenido desde hace más de una década, excusarse con las sanciones, justificarse con cifras oscuras, manipuladas y no disponibles al público, o de plano inventar hechos que nunca ocurrieron. Específicamente, en cuanto a derechos de las personas LGBTQIA+ la discusión giró alrededor de tres puntos: la regulación que protege al colectivo, o su inexistencia, el caso de los 33 y las presuntos avances de la fiscalía en la materia.
Hay que reconocer que de manera dispersa en algunas leyes especiales venezolanas existe una cláusula antidiscriminación que reconoce o puede ser extensiva a la protección de derechos de las personas LGBTQIA+, lamentablemente, estas cláusulas resultan inaplicables cuando el Estado no se ocupa de promover políticas públicas y capacitar a sus agentes para una implementación respetuosa y seria de la misma. Por lo tanto, estas leyes quedan en letra muerta.
Más allá de eso, las otras acciones que ha realizado el Estado por vía judicial han resultado contrarias a los derechos de las personas LGBTQIA+. Venezuela ha negado que pueda interpretarse el matrimonio igualitario de la Constitución Nacional, así como las Uniones Estables de Hecho. Desde el ámbito legislativo, ha ignorado igualmente proyectos de ley de matrimonio igualitario, derechos de las personas trans, derechos sexuales y reproductivos, y actualmente ha paralizado las discusiones de un proyecto de ley contra la discriminación. En general el Estado en su actuación ha sostenido la criminalización de las relaciones homosexuales en el ámbito castrense hasta este año, impidedido la donación de sangre a personas homosexuales por estereotipos, y hasta la fecha no tiene un mecanismo adecuado para garantizar el cambio de nombre a las personas trans, intersex y no binarias, además de una imposibilidad legal de modificar el marcador de género de estas.
El Estado venezolano desde la cabeza de su ejecutivo para abajo promueve continuamente la patologización, estereotipación y mofa a las personas LGBTQIA+ en medios de comunicación oficiales, apoya a sectores conservadores, religiosos extremistas, y antiderechos. En Venezuela no solo no se reconocen los derechos de las personas LGBQIA+, sino que estamos en riesgo de perder los pocos que tenemos en medio de promesas electorales y búsqueda de alianzas.
Para el caso de los 33 hombres gays y bisexuales privados de libertad en Valencia el Estado confirmó este contexto general, tolerando y promoviendo la criminalización de las personas LGBTQIA+, expuso sus rostros, sus identidades, su orientación sexual. De acuerdo con testimonios de las propias víctimas fueron sometidas a un condiciones inhumanas de privación de libertad produciendo afectaciones a la salud física y psicológica, ha afectado su vida laboral y su vida familiar.
El Estado para el caso de los 33 se excusa con la sanción a los funcionarios y con mentir sobre la motivación de la detención, alegando ruidos cuando está comprobado por sus propios agentes que los 33 fueron detenidos por qué ser homosexuales es considerado por el Estado como un acto impúdico, contrario a la moral y las buenas costumbres, un retroceso enorme conforme al desarrollo actual de los derechos humanos.
La única manera en que el Estado puede deshacer estos daños es promover reparaciones integrales para cada uno de los hombres que fueron privados arbitrariamente de su libertad de acuerdo con cómo fue afectado, tomar medidas estructurales que modifiquen las condiciones jurídicas y fácticas que permitieron que eso ocurriera, y garantizar mediante políticas de prevención que ese tipo de hechos no se repitan en su territorio. Lo que no tiene la más mínima intención de hacer.
Esta misma falta de voluntad política es lo que hace irrelevante la cantidad de denuncias tramitadas, o de imputaciones realizadas por el Ministerio Público, porque mientras el Estado no presente un compromiso verdadero con promover cambios estructurales, que empiecen desde su mero ceno, no van a existir mejoras para la población LGBTQIA+.
Si el Estado venezolano verdaderamente quiere ser garante de nuestros derechos tiene que empezar por capacitar a sus agentes en todas las áreas para tratarnos como humanos, para dejar de buscar excusas para hacernos ver como indignos, impíos o impúdicos, tiene que impulsar leyes que promuevan esa dignificación de nuestras identidades, nuestras expresiones y nuestras formas de amar para la sociedad, tienen que tener la voluntad de asumir las consecuencias políticas de ello y crear políticas que nos incluyan no por obligación sino por reconocimiento al amplio valor que tenemos para la sociedad.
Si el Estado venezolano verdaderamente quiere respetarnos tiene que impulsar menos mentiras y más derechos, y empezar a dar pasos para saldar la deuda histórica que tiene con los derechos de nuestra población.
Portada: Javier Alamo
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